El estado de las carreteras es uno de los primeros indicadores visibles de la gestión municipal. Diariamente, los residentes utilizan las carreteras para desplazarse, ir al trabajo o acceder a servicios esenciales. Unas carreteras bien mantenidas proyectan una imagen de dinamismo y buena gestión, mientras que una infraestructura deteriorada puede generar críticas y dar la impresión de abandono. Esta percepción explica por qué el mantenimiento de las carreteras suele destacarse en las evaluaciones de gestión.
En muchos países, la infraestructura vial está experimentando una especie de “crisis de activos” que subraya la importancia de las políticas públicas dedicadas al “mantenimiento” de la infraestructura existente antes de crear nueva. En los últimos años, la investigación en ciencias sociales ha identificado diversas formas de esta crisis y las preguntas que plantea: en particular, ¿cómo comprender, formalizar y promover las actividades de mantenimiento y cómo integrarlas con la continuidad de los servicios? (1).
El ciclo de vida de las infraestructuras es un proceso a largo plazo que no siempre se ajusta al corto plazo de los mandatos electorales. El riesgo reside entonces en priorizar intervenciones inmediatas y superficiales en detrimento del mantenimiento integral, menos visible pero crucial para el futuro.
Esta observación invita a una reflexión más amplia: ¿cómo podemos satisfacer las expectativas de los ciudadanos al tiempo que garantizamos la gestión sostenible de las infraestructuras?
Carreteras, un indicador visible de la acción pública local.
El mantenimiento de las carreteras es una inversión municipal cuyos efectos son inmediatamente visibles para los residentes y usuarios de la vía. Responde a una expectativa fundamental: la de circular por carreteras seguras y cómodas.
Algunas comunidades podrían verse tentadas a intensificar su trabajo al final de su mandato, a medida que se acercan las elecciones.
Cuando la lógica electoral debilita la estrategia de mantenimiento
El mantenimiento de las carreteras es un tema recurrente durante los periodos electorales, pero su gestión es una tarea a largo plazo. El mantenimiento adecuado de una red vial generalmente se planifica a 10 o 20 años, mientras que los funcionarios electos suelen pensar en términos de un mandato de 6 años.
Esta discrepancia crea un dilema: ¿cómo conciliar la necesidad de abordar el deterioro gradual de la infraestructura con la necesidad de proporcionar evidencia visible a corto plazo de las acciones tomadas?
El enfoque a largo plazo que favorecen los equipos técnicos surge de la necesidad de reducir la ” deuda gris “, es decir, el retraso acumulado en el mantenimiento de carreteras.
Cuanto más se pospone el mantenimiento preventivo, mayor es el deterioro, lo que hace que las reparaciones posteriores sean mucho más costosas y complejas. Cuando el trabajo se concentra al final de un mandato, las carreteras que deberían haber requerido mantenimiento preventivo en los primeros años se descuidan, se deterioran y, en última instancia, requieren renovaciones más costosas.
Esto crea un círculo vicioso: una gran parte del presupuesto se consume en estas reparaciones importantes, agotando así los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo del resto de la red.
A largo plazo, el municipio corre el riesgo de perder tanto eficiencia presupuestaria como calidad técnica. Esta discrepancia ilustra la dificultad de alinear dos plazos: el ciclo electoral y el mantenimiento de carreteras.
Lógicas presupuestarias difíciles de conocer con precisión
¿Influyen realmente las elecciones en las decisiones de inversión de los municipios? ¿Afectan los periodos preelectorales a las prioridades en materia de obras públicas?
Estas preguntas son fundamentales en los debates sobre la gobernanza local. Los análisis ofrecen algunas respuestas, pero también revelan áreas de incertidumbre, sobre todo en lo que respecta al mantenimiento de carreteras.
¿Existe realmente alguna relación entre las elecciones y el mantenimiento de las carreteras?
Sí, los análisis han demostrado un vínculo entre el ciclo electoral y el ritmo de la inversión pública (en particular un informe publicado en 2019 por el INSEE (2) y más específicamente sobre la actividad de las empresas de obras públicas (3).
Sin embargo, sigue siendo difícil saber con precisión hasta qué punto se ve afectada la lógica de la gestión de activos viales.
Varios factores complican la comprensión general del esfuerzo financiero dedicado a las carreteras. Los municipios pequeños suelen estar menos equipados con servicios técnicos, a veces transfieren las responsabilidades de mantenimiento de carreteras a organismos intermunicipales, pero de diversas maneras, y las encuestas nacionales tienen dificultades para recopilar sus opiniones (4).
En una parte importante de la red vial, la importancia relativa de las consideraciones electorales y técnicas en las decisiones de gestión de activos es, por lo tanto, poco comprendida. En estas circunstancias, las políticas locales pueden procurar que las compensaciones entre estos criterios sean más transparentes, incluso de un mandato a otro, siempre que cuenten con herramientas de gestión adecuadas (diagnóstico, planificación, seguimiento, etc.).
¿Cómo se pueden superar estas dificultades?
Para superar los enfoques puntuales y establecer una gestión sostenible, se necesitan herramientas que garanticen la continuidad entre los mandatos. Esto es precisamente lo que ofrece Logiroad.
Sus soluciones permiten diagnosticar el estado de las carreteras, simular diversos escenarios presupuestarios personalizados y planificar intervenciones a lo largo de varios años según la estrategia elegida. Estos datos objetivos ayudan a los funcionarios electos a justificar sus decisiones ante los residentes y los equipos técnicos.
Logiroad también facilita la comunicación entre los funcionarios electos y el personal técnico mediante paneles de control compartidos e informes claros. Esta transparencia es fundamental para establecer una gobernanza colaborativa y evitar conflictos entre los equipos municipales. Al integrar estas soluciones desde el inicio de su mandato, los municipios pueden anticipar necesidades, optimizar presupuestos y demostrar una gestión responsable, incluso durante los periodos electorales.
Hacia una gobernanza compartida y sostenible
Las carreteras desempeñan un papel fundamental en el fomento del apoyo a un plan de desarrollo local, ya que sirven como indicador visible de la acción pública. Sin embargo, no deben reducirse a una mera herramienta electoral. Son un servicio público esencial que merece una gestión compartida. Reunir a todas las partes interesadas (funcionarios electos, expertos técnicos y socios) es clave para conciliar la eficacia política con la responsabilidad territorial.
Mediante un enfoque colaborativo y el uso de herramientas apropiadas, los municipios pueden transformar las carreteras en un proyecto colectivo, garantizando tanto la satisfacción de los residentes como la viabilidad a largo plazo de la infraestructura vial.
La infraestructura vial es un tema electoral, pero sobre todo debe considerarse como una inversión sostenible. Las herramientas que respaldan la gestión de activos a largo plazo ofrecen soluciones para consolidar una relación de confianza entre los equipos municipales, los servicios técnicos y la ciudadanía, basada en la transparencia de los datos y los métodos de evaluación presupuestaria.
(1) Jérôme Denis et Daniel Florentin, 2022. « “Faire tenir” et entretenir les infrastructures ». Flux 129-130, 1-9.
(2 Victor Delage, novembre 2025. “Infrastructures invisibles : ce que les Français disent de leurs réseaux du quotidien”.Institut Terram
(3) Collectivites-locales.gouv.fr, Etudes et statistiques 2025
(4) INSEE, 2019, Le cycle des élections municipales : Quels effets sur l’investissement public, l’emploi et la production
(5) Fédération Nationale des Travaux Publics, 06/2019 : Cycle municipal : quel impact sur l’activité TP ?
(6) IDDRIM, 2024. RAPPORT ONR 2024
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